De mi columna Coordenadas Móviles en Razón y Palabra.

El gran sueño en torno a Internet ha sido, durante muchos años, la contribución al desarrollo de la democracia, principalmente por medio de la posibilidad de comunicarse libremente. Sin embargo, durante años hemos conocido una serie de casos de ataques a la libertad de expresión, en distintos lugares del mundo, donde no conviene a los regímenes totalitarios que los ciudadanos ejerzan su derecho a la comunicación.

En México, el escenario en torno a la libertad de expresión se ha enturbiado considerablemente: a de los cada vez más frecuentes asesinatos de periodistas, se suman los ataques contra civiles, usuarios activos de Internet, de los cuales hemos conocido algunos en el mes más reciente. La particularidad ahora es que tales ataques provienen de dos lados: el crimen organizado y el gobierno.

Una de las noticias del 15 de septiembre fue escalofriante: Se encontraron los cuerpos descuartizados de un hombre y una mujer en Nuevo Laredo, presuntamente victimados por Zetas, en represalia por difundir noticias sobre la situación de violencia del norte del país, mediante Facebook, Twitter y los blogs Al rojo vivo y Blog del narco[1]. Unos días después, en la misma ciudad, se encontró el cuerpo de una mujer, también mutilada y decapitada, por iguales razones[2].

Otra noticia impactante vino de Veracruz, donde dos tuiteros, Gilberto Martínez y María de Jesús Bravo, fueron acusados de terrorismo, el 30 de agosto. La versión oficial señaló que ellos dispersaron el rumor de un ataque en la ciudad, a pesar de que había información que indica que el pánico en las calles empezó antes que los tuits[3]. Aunque estos ciudadanos fueron liberados el 21 de septiembre, se tipificó un nuevo delito: perturbación del orden público, en el Código Penal de Veracruz; la intención es sancionar con cárcel a quienes difundan rumores que, desde la perspectiva del gobierno, alteren el orden público[4].

Éste momento de libertad vulnerada es clave para recordar el Informe MacBride y su planteamiento del derecho a comunicar como prerrequisito para los otros derechos humanos. ¿Qué posibilidades tienen los ciudadanos para hacer frente a las amenazas que, contra la libertad de expresión, se producen desde el crimen organizado y desde el gobierno? ¿Replegarse a lo privado? ¿Arriesgar por seguir construyendo lo público? ¿Pensar en maneras creativas de seguir denunciando lo que todos sabemos que ocurre, aunque para muchos convenga hacer un voto de silencio?