Fátima Fernández Christlieb, quien fue la primera presidenta de la AMIC (Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación), señaló en el Encuentro del año pasado, que esta comunidad se había encerrado en la academia y se había olvidado de su responsabilidad social. El Encuentro de 2014 fue un regreso a la discusión sobre los asuntos públicos.
La coyuntura de la legislación sobre telecomunicaciones fue el centro de atención de los investigadores desde semanas antes del encuentro. Las contradicciones entre la reforma constitucional promulgada en 2013 y la iniciativa de ley propuesta en 2014 derivó en el pronunciamiento de ésta y otras comunidades académicas: tanto la AMIC como el CONEICC (Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Ciencias de la Comunicación) —este último en conjunto con la AMEDI (Asociación Mexicana del Derecho a la Información)— presentaron sus posicionamientos y establecieron encuentros con legisladores.
El Encuentro AMIC 2014, celebrado en San Luis Potosí, tuvo como constante la discusión sobre estos cambios en la legislación.
La conferencia inaugural, a cargo de Martín Becerra (profesor-investigador en la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad de Buenos Aires y el CONICET) abordó las nuevas regulaciones en telecomunicaciones, en relación con la concentración de la propiedad mediática. Señaló que América Latina es una de las regiones con mayores niveles de concentración y que, en ella, los medios son poco regulados, pero muy controlados mediante otros mecanismos. La concentración, señaló, es una amenaza indirecta para la libertad de expresión. Con las regulaciones en América del Sur no vemos una desconcentración, sino una rearticulación de fuerzas mercantiles. El cambio regulatorio en México es concesivo con los grupos de medios y duro contra las telecomunicaciones, mientras que en Argentina es al revés; al parecer en ningún país latinoamericano avanzan al parejo. La complejidad radica en que el objeto a regular es un objeto en movimiento, en constante transformación.
El primer panel, “La reforma constitucional y la ley secundaria en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica”, reunió a Alejandro Navarrete (comisionado del IFETEL), Beatriz Solís Leree (UAM Xochimilco), Aleida Calleja (Observatorio Latinoamericano de Políticas de Comunicación), Agustín Ramírez (AMEDI) y Javier Corral (senador). Beatriz Solís Leree y Aleida Calleja enfatizaron la inconstitucionalidad de la iniciativa de ley, su carácter de contrarreforma al presentar planteamientos que contradicen la reforma aprobada el año pasado, así como la vulneración de la autonomía del IFETEL. Agustín Ramírez se refirió a la ausencia precisamente del IFETEL en la discusión sobre la reforma y recordó el papel de este instituto como órgano regulador, frente a lo que había señalado Alejandro Navarrete sobre el carácter de órgano técnico, sin posibilidades de tomar decisiones. Mientras que Javier Corral expresó su oposición a la iniciativa de ley, coincidió en que contraviene lo aprobado en la reforma constitucional y alertó sobre el peligro del regreso al control gubernamental.
El segundo panel, “La investigación de la comunicación ante la reforma constitucional. Nuevos objetivos y procesos de estudio”, reunió a Alma Rosa Alva de la Selva (UNAM), Javier Esteinou Madrid (UNAM), Aimée Vega Montiel (UNAM) y Enrique Sánchez Ruiz (Universidad de Guadalajara). Alma Rosa Alva de la Selva señaló la importancia de trascender la coyuntura y situó a la economía política de la comunicación como una excelente vía para analizar estos procesos. Javier Esteinou Madrid recuperó la discusión sobre la oposición tan evidente entre la reforma constitucional de 2013 y la iniciativa de leyes secundarias de 2014, en términos de un debilitamiento del Estado mexicano. Aimée Vega Montiel defendió la perspectiva de derechos humanos de las mujeres en relación con los derechos humanos de las audiencias. Señaló que la reforma constitucional en telecomunicaciones de 2013 no asumió la Plataforma de Beijing y, además, que no existe una política formal de género y de comunicación en las regulaciones de medios en América Latina. Por ello, señaló, es tan importante transformar nuestros resultados de investigación en acciones política. En su oportunidad, Enrique Sánchez Ruiz señaló que el análisis de la reforma en telecomunicaciones requiere articular la teoría de comunicación con otras disciplinas sociales. El enfoque de economía política es necesario, dijo. Sobre todo, es importante no perder de vista la dimensión política: que la gente participe o no, es un asunto de cultura política.
El tercer panel fue “Audiencias, consumidores y medios públicos”. En él participaron Guillermo Orozco Gómez (Universidad de Guadalajara), Patricia Ortega (UAM Xochimilco), Gabriel Sosa Plata (UAM Xochimilco / ombudsman en Noticias MVS) y Adriana Labardini (comisionada de IFETEL). Guillermo Orozco señaló que las audiencias han sido soslayadas en la reforma, lo cual habla de u gran desconocimiento. Patricia Ortega señaló que, como audiencias, tenemos derecho a tener medios públicos y recordó que, históricamente, el Estado mexicano ha favorecido los medios comerciales en detrimento de los medios públicos. Gabriel Sosa Plata criticó la contradicción entre la reforma constitucional, que incorpora algunos derechos ciudadanos y derechos de las audiencias, mientras la iniciativa de ley no recupera estos planteamientos. Además, enfatizó que si no hay un modelo democrático de medios de comunicación, debemos trabajar para que así sea. Finalmente, Adriana Labardini dijo que los servidores públicos tienen una gran responsabilidad, pero la posibilidad de cambio está en los ciudadanos.
En suma, la discusión dejó ver acuerdos entre los académicos, activistas y el legislador que participó. Asimismo, los comisionados de IFETEL perdieron la oportunidad de presentar una posición en la discusión, aunque también es claro que se encontraban en una posición complicada. Como señalé en el principio de este post, el Encuentro AMIC de este año recuperó una discusión en curso acerca de la reforma constitucional y las leyes secundarias. Si bien se trata de una discusión que importa —o debería importar a todos los ciudadanos—, la responsabilidad de los especialistas en comunicación es innegable. De ahí que sea tan relevante que la AMIC haya luchado por el diálogo con los legisladores y haya recuperado su carácter como una comunidad académica comprometida con los asuntos públicos. La discusión continuará.
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